La senadora republicana por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena calificó como de "absurdo total" que organizaciones que dicen promover el respeto a los derechos humanos, no se ocupen de la vulneración de esos derechos de miles de personas y familias que hoy son víctimas de delitos de usurpación.

La molestia de la congresista surge del hecho de que "para oponerse a la ley ya aprobada en el Congreso, apoyando el veto que anunció el gobierno, dan argumentos contradictorios, poniendo a los victimarios como víctimas, tergiversando para ello el sentido de la "legítima defensa privilegiada".

Aseguró que lo que hacen estas organizaciones es instrumentalizar los derechos humanos,"porque no les interesa el drama que vive un número importante de ciudadanos honestos, que no pueden recuperar sus bienes y propiedades tomadas y que están esperanzadas en que se promulgue la norma que sancionará con penas de cárcel estos ilícitos".

"También es incomprensible que el gobierno recurra a los mismos argumentos de esas organizaciones para vetar la ley, y que también ha utilizado la CAM. Yo, al menos, estoy del lado de los ciudadanos honestos".

LA CARTA

53 organizaciones solicitaron el veto presidencial respecto a la ley de usurpaciones, a través de una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, acusando “un grave retroceso en el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos de las personas que habitan este país”.

Las entidades -en su mayoría defensoras de los Derechos Humanos- consignaron los efectos negativos que podría traer la promulgación de esta ley, tales como: Aplicar el ejercicio de la autotutela por parte de propietarios de inmuebles; la criminalización de sectores más empobrecidos de este país; la criminalización de las reivindicaciones de tierras por parte de pueblos originarios, entre otros.

En el oficialismo apoyaron esta solicitud, afirmando que este proyecto de ley criminaliza la pobreza y significa un retroceso en el Estado de Derecho. Así lo señaló el diputado comunista, Luis Cuello; y el senador del Partido por la Democracia, Jaime Quintana.

La oposición considera que debe promulgarse la ley, con el fin de que los chilenos “puedan vivir tranquilos”, argumentó el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum; y el parlamentario de Evópoli, Jorge Guzmán.